Las organizaciones internacionales, entre ellas Human Rights Watch, condenaron “el uso reiterado e indebido de mecanismos jurídicos por parte del Congreso para atacar a la Junta Nacional de Justicia”. Advirtieron de que, de perpetuarse la remoción de los integrantes de la JNJ, “constituiría un golpe parlamentario a la institucionalidad democrática, al equilibrio de poderes y a la independencia judicial en el Perú”.